Un marco de certidumbre para consolidar las moléculas verdes

La aprobación del Real Decreto de impulso a la descarbonización del sector del transporte y fomento de los combustibles renovables cumple un hito necesario y largo tiempo esperado por el sector.

La norma aprobada recientemente en el Consejo de Ministros es un soplo de aire para nuestro sector, ya que traspone al ordenamiento español las disposiciones de la Directiva europea de Energías Renovables (RED III) para los combustibles renovables en el transporte fija una hoja de ruta con horizonte 2040. Varios países europeos ya habían planteado objetivos y medidas ambiciosas en sus respectivas transposiciones. Alemania, por ejemplo, ha aprobado objetivos que superan las exigencias de la Unión Europea, y lo ha acompañado de medidas de apoyo financiero y de aceleración administrativa para impulsar la transición energética. España llevaba también un gran retraso y corría el riesgo de quedarse atrás en el desarrollo.

Para las empresas que desarrollamos proyectos de hidrógeno renovable y biometano, contar con un marco de objetivos vinculantes a largo plazo en el que estos combustibles tengan cabida nos permite apostar con fuerza y avanzar hacia la toma de decisiones finales de inversión (FID, por sus siglas en inglés).

El Real Decreto publicado ofrece la visibilidad que promotores y consumidores industriales necesitan al marcar metas progresivas de reducción de emisiones y cuotas para incorporación de combustibles renovables de origen no biológico (RFNBO) y biocarburantes avanzados en el transporte terrestre, marítimo y aéreo. Además, su contribución a los objetivos perseguidos en el PNIEC para 2030 refuerza las señales de mercado necesarias para estructurar contratos de compraventa de energía a largo plazo.

La necesidad de un régimen de cumplimiento

El establecimiento de estos objetivos debe acompañarse de herramientas de verificación rigurosas. En este sentido, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha abierto a consulta pública la orden que desarrolla el sistema de certificación de combustibles renovables (SICCRE). El diseño y la revisión periódica de los pagos compensatorios para desincentivar el incumplimiento son fundamentales para garantizar que la regulación impulse una demanda efectiva y tangible de moléculas verdes en el mercado.

Instrumentos de apoyo para la industria

Sin embargo, el marco normativo es la base, no el término del camino. Para que las instalaciones proyectadas transiten de la tramitación a la construcción y operación comercial, es imprescindible resolver la brecha de costes que aún separa a las moléculas verdes de las alternativas de origen fósil.

Hoy existen herramientas capaces de contribuir a cerrar esa distancia. Por un lado, el diseño normativo debe dotarse de esquemas de financiación pública que garanticen continuidad y agilidad en las convocatorias de ayudas directas a la inversión. En España, el Programa de incentivos para proyectos de producción y consumo de hidrógeno renovable (Programa Valles de H2), enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea-Next Generation EU, ha sido todo un ejemplo: más de 1.200 millones de euros asignados a proyectos repartidos entre distintas comunidades autónomas que movilizarán inversiones por valor de 5.821 millones de euros.

Además, en el ámbito industrial —donde la electrificación de los procesos térmicos plantea no pocas complejidades técnicas— conviene acelerar el diseño de instrumentos específicos que suavicen el impacto de la adopción de energías alternativas, como los contratos por diferencia de carbono (CCfD). Estos mecanismos aportan estabilidad a los compradores finales y reducen el riesgo operativo, permitiendo que la industria acometa su transición sin perder competitividad.

En este contexto, el desarrollo de la red de hidrógeno resulta fundamental para impulsar la demanda de hidrógeno renovable y que pueda consolidarse como una solución real de descarbonización. La Red Troncal Española de Hidrógeno debe actuar como la columna vertebral del nuevo sistema energético, conectando los principales valles de producción con los grandes polos de consumo industrial y permitiendo que oferta y demanda se encuentren de forma eficiente. Para ello, es prioritario avanzar en el marco regulatorio con la transposición del Paquete europeo de Gas Descarbonizado e Hidrógeno, y acelerar la construcción de las infraestructuras necesarias. Solo así el hidrógeno renovable podrá contribuir plenamente a reforzar la autonomía estratégica y la competitividad industrial de España y Europa.

Sostener la ambición europea en el horizonte post-2030

Esa misma certidumbre debe trasladarse al plano normativo y financiero europeo. La reciente publicación por parte de la Comisión Europea de los términos y condiciones de la cuarta subasta del Banco Europeo del Hidrógeno ha reducido de forma notable el presupuesto disponible, justo en un momento en el que el sector necesita una apuesta firme por la escalabilidad.

Europa debe mantener la ambición por las moléculas verdes. El hidrógeno renovable y el biometano tienen que ocupar un lugar central en el diseño del marco post-2030, en línea con el paso que ya están dando países como Alemania y España en la transposición de la Directiva RED III. Esa ambición regulatoria, sin embargo, solo será creíble si viene acompañada de un nivel de financiación adecuado: desplegar la totalidad de los recursos es la vía efectiva para mantener el ritmo de desarrollo y sostener los objetivos de descarbonización de la Unión Europea. Es necesario que Europa evite enviar señales contradictorias a los mercados justo cuando más se necesita visibilidad a largo plazo.

Avanzar en el desarrollo de los gases renovables exige crear un equilibrio entre la certidumbre regulatoria, la demanda industrial y la capacidad de financiación de los proyectos. Con la trasposición de la directiva RED III, España da un gran paso adelante; el siguiente consiste en asegurar las herramientas económicas que conviertan la previsión normativa en proyectos operativos sobre el territorio.